Durante décadas, Chile no tuvo una ley específica que protegiera el suelo como recurso natural. Se regulaba de forma fragmentada, repartida entre el Ministerio de Agricultura, el SAG, el Ministerio de Medio Ambiente y los municipios. Eso está a punto de cambiar.
¿Qué es la Ley Marco de Suelos?
El proyecto de Ley Marco de Suelos (Boletín 14714-01) es el esfuerzo legislativo más ambicioso que ha tenido Chile para regular de forma integral el suelo. Su objetivo es proteger, conservar, restaurar y recuperar los suelos del país mediante una gestión sostenible que evite su destrucción o degradación.
Hacia comienzos de 2026, el proyecto ya había sido despachado por la Comisión de Agricultura del Senado hacia la Comisión de Hacienda para su revisión presupuestaria, en sus etapas finales de tramitación.
¿Por qué era urgente?
El diagnóstico es preocupante. Aproximadamente 12 millones de hectáreas —el 17% del territorio nacional— se encuentran en riesgo de desertificación «muy alto». Un 6% adicional está categorizado como riesgo «alto». A eso se suman la erosión, la pérdida de materia orgánica, la contaminación y la salinización de suelos agrícolas.
Y la escasez es real: solo el 1,6% del territorio chileno posee suelos de Clase I y II, los más fértiles y productivos. Ese recurso, mínimo y no renovable, estaba siendo mal gestionado sin una ley que lo protegiera.
Los cuatro pilares del proyecto
1. Política Nacional para la Gestión Sostenible de los Suelos Liderada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), esta política buscará coordinar a todos los servicios del Estado que intervienen en el suelo, evitar la superposición de competencias y establecer criterios técnicos uniformes.
2. Catastro Nacional de Suelos Una base de datos pública y gratuita con información científica sobre el estado de los suelos en todo el país, las zonas vulnerables y los riesgos de contaminación. Una herramienta esencial para tomar decisiones informadas.
3. Comisiones Macrozonales Chile es un país extremadamente diverso en geografía y clima. El proyecto reconoce eso al crear cinco comisiones macrozonales, presididas por Gobernadores Regionales, para adaptar las políticas nacionales a las realidades de cada territorio, desde Arica hasta Magallanes.
4. Instituto del Suelo Una de las propuestas más innovadoras: crear una institución especializada en investigación del suelo, con capacidad técnica propia para apoyar políticas públicas de largo plazo. La ley establece un plazo de cuatro años desde su publicación para enviar el proyecto que cree este instituto.
¿Qué significa para los agricultores y ciudadanos?
Para los agricultores, la ley puede significar mayor certeza jurídica sobre el uso de sus tierras, además de mejores herramientas de apoyo técnico. Para los ciudadanos en general, implica que el Estado comenzará a tratar el suelo como lo que es: un recurso estratégico del que dependen la alimentación, el agua y el clima.
Chile se suma así —tarde, pero con decisión— a países que ya cuentan con marcos legales específicos para la protección del suelo.
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